El período de la historia argentina que transcurrió entre 1880 y 1916 es conocido como el “orden conservador” aunque, contrariamente a su nombre, es un período de múltiples novedades. El apelativo hace referencia fundamentalmente a las prácticas políticas excluyentes y al dominio del sistema político por parte del Partido Autonomista Nacional (PAN), complejo ámbito de negociación y competencia entre dirigentes provinciales con el fin de controlar la sucesión presidencial. Sin embargo, el orden conservador fue liberal por el funcionamiento de sus instituciones y reformista por obra de una serie de actores políticos frente a las “cuatro cuestiones” (social, nacional, política, inmigratoria) que, al decir de Oscar Terán, atravesaron la reflexión social y la acción política de la época. Fueron también tiempos violentos: en ese lapso el Estado conquistó por las armas su capital federal, asentó su dominio sobre la totalidad del territorio nacional, secularizó el registro y el matrimonio civil e impuso la enseñanza obligatoria y gratuita, unificó el sistema de pesos y medidas, creó el Peso Moneda Nacional, culminó el proceso codificador y sancionó la primera ley electoral democrática masculina en 1912, entre otras transformaciones. El PAN, por su parte, no fue un espacio homogéneo, sino que tuvo una competitividad interna que tensionó al sistema federal y afectó el ejercicio del poder presidencial e incluso de los propios gobernadores.

¿Una categoría evanescente?

María Inés Tato se pregunta si la noción de conservadurismo no es una categoría que se desvanece. A lo largo de la historia, se le ha atribuido al conservadurismo argentino la incapacidad de constituirse como partido político de alcance nacional y de seguir las leyes de la democracia de masas que el propio orden conservador inauguró mediante la ley Sáenz Peña (1912). Esas incapacidades deben considerarse mediante la revisión de la supuesta cohesión que se le atribuye al orden instaurado por el PAN que, lejos de ser un espacio monolítico, fue una arena de conflicto y negociación entre múltiples liderazgos. Aquel sistema político, no obstante, permitió el surgimiento de corrientes renovadoras, vinculadas a aproximaciones progresistas a los problemas sociales, entre las cuales destaca la del riojano Joaquín V. González, impulsor del Departamento Nacional del Trabajo. Probablemente por la envergadura de las presidencias de los tucumanos Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, hay quienes sostienen que Tucumán tuvo un peso específico en el concierto nacional –ya sea por sus personalidades, su actividad económica y cultural– que lo destacaba entre las demás provincias.

Sin embargo, puede resultar contraproducente repensar el proceso de formación del sistema político nacional en “clave provinciana”, preguntándonos por el nivel de “tucumanidad” de los actores nacidos en nuestra provincia o por el grado de importancia de la provincia dentro del PAN.

Tucumanos en la cúpula

Como confesara el propio Avellaneda, su llegada a la presidencia de la Nación en 1874 se debió, en buena medida, a la “interprovincialidad” de su familia, extendida por Catamarca, Tucumán y Córdoba, sumado a sus años de universitario en Córdoba y de carrera política en Buenos Aires. Avellaneda fue electo legislador porteño tres veces, fue ministro de gobierno de Adolfo Alsina y ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Sarmiento. Roca, el segundo presidente tucumano, vivió sólo 12 años en la provincia hasta que fue enviado a estudiar al Colegio de Concepción del Uruguay. Como militar hizo sus primeras armas en Cepeda (1859) y durante el siguiente lustro recorrió el país junto al Batallón 6° de línea. En la Guerra del Paraguay forjó importantes vínculos en el Ejército y, al volver, se instaló en Córdoba donde se casó y formó su familia. Durante las presidencias de ambos, los gabinetes fueron eminentemente interprovinciales: el único ministro tucumano de Avellaneda fue Roca (1878-1879) y el único ministro tucumano de Roca fue Benjamín Paz (1885-1886). En su segunda presidencia, Roca, último presidente tucumano, incorporó a Marco Aurelio Avellaneda como ministro de Hacienda (1901-1904)

¿Cómo sopesar la participación tucumana en el orden conservador más allá de aquellas presidencias? Si observamos la sucesión presidencial, no parece tan influyente: si bien en 1874 y 1880 los electores provinciales apoyaron a los candidatos ganadores, fueron elecciones casi unánimes: sólo tres provincias votaron en contra de Avellaneda y sólo una en contra de Roca (Buenos Aires). Luego Tucumán votó contra el candidato ganador en 1886 y llevó voto dividido en 1892 y 1904. La presencia en los gabinetes tampoco parece determinante ya que, a los ya mencionados, sólo deben sumarse Francisco García, Salustiano Zavalía y Filemón Posse. Restaría sopesar la influencia de los legisladores nacionales tucumanos en las políticas reformistas, pero escaparía sobradamente de la extensión de esta nota. Asimismo, para tener una noción cabal de las políticas que llevaron a cabo los liberales reformistas tucumanos, debería dirigirse la mirada a las instituciones provinciales. En esas arenas se dirimieron las modificaciones más importantes de las estructuras políticas locales (a través de las reformas constitucionales de 1884 y 1907), se fundó la Universidad de Tucumán (1914) y se comenzó a tratar la “cuestión social”.

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Luis González Alvo - Profesor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán.